Manifiesto contra la crispación política

I.- Muchos ciudadanos de nuestro país observamos con creciente inquietud el grado de crispación y enfrentamiento en que discurre la vida política española. Es propio de sociedades democráticas el debate, la confrontación dialéctica, la crítica acerba y, como no, la utilización de los derechos de expresión o de reunión con el fin de manifestar la protesta o el apoyo. Nada de lo anterior nos debe, pues, preocupar ya que forma parte de la normalidad democrática.

II.- Lo que nos inquieta, por el contrario, es que el debate político argumentado esté siendo suplantado por la descalificación y el insulto; que el normal funcionamiento de las Instituciones sea trastocado y se niegue legitimidad a quien gobierna por voluntad de la ciudadanía; que el derecho a una información veraz se sustituya por la manipulación sistemática de los hechos a base de mentiras o de medias verdades que confunden a la opinión pública. Conjunto de procesos indeseables que si bien no han conseguido, todavía, provocar una quiebra en la sociedad española, muestran ya indicios preocupantes de que se puede estar gestando esa fractura que conviene detectar y soldar cuanto antes.

III.- Creemos, sinceramente, que este clima crispado no obedece a la situación real de España. Es como si una realidad virtual, construida ex profeso con fines partidarios o electorales, se sobrepusiera a unos hechos objetivos que quedan así, la mayoría de las veces, sepultados por una avalancha mediática que se concentra en ciertos temas y se olvida de todo lo demás. Bien es cierto que nuestro país sigue teniendo problemas serios sin resolver sobre los que, por cierto, no se incide ni se ofrecen alternativas desde la oposición. Pero nadie, con un mínimo de honestidad, podrá negar que la economía marcha razonablemente bien, que el desempleo ha disminuido, que las fuerzas sociales han alcanzado importantes acuerdos, que se han producido avances no desdeñables en derechos sociales y civiles y que, en general, ha aumentado el bienestar de la población aunque, desde luego, no en igual medida para todos.

IV.- Ante la evidencia de estos hechos, toda la carga opositora se ha concentrado en unos supuestos peligros para la unidad de España y en una no menos supuesta rendición del Estado ante los terroristas. Es decir, nada menos que “España se rompe y España se rinde”. Conviene afirmar, pues lo contrario sería faltar a la verdad, que tamaña desmesura no tiene nada que ver con la realidad, al margen de la opinión que cada uno tenga sobre cómo ha administrado el Gobierno tan delicados temas. Las reformas de los Estatutos de autonomía, salvo el de Cataluña, han sido aprobadas por los dos partidos mayoritarios y supone una falsedad obvia sostener que el Estatut, surgido de las Cortes Generales, rompe la unidad de España. Se puede o no estar de acuerdo con la política antiterrorista del Gobierno, pero de ahí a sostener que la decisión, mediante resolución judicial, de que un preso, por muy criminal que sea, pase a la situación de prisión atenuada, ante el riesgo acreditado por los médicos de que puede fallecer, cuando le quedan 16 meses de condena por un delito de coacciones, es una rendición ante la banda terrorista ETA resulta insostenible. Si de lo anterior se deduce, además, que el Gobierno ha pactado ya con la banda, o sus representantes políticos, el futuro de Navarra, de Euskadi y de España, sin acreditar tan graves acusaciones, nos parece que se ha alcanzado tal nivel de exageración y extremismo que se hace inviable un debate racional. En este sentido, no es aceptable convertir la lucha contra el terrorismo en el eje exclusivo de la oposición a cualquier gobierno democrático. Esta postura no tiene antecedentes en la Unión Europea. Sobre todo cuando en los últimos años la actividad terrorista ha disminuido en comparación con los cientos de atentados de anteriores legislaturas.

V.- El exceso ha llegado a tal punto que desde organizaciones con amplias responsabilidades sociales y financiadas por el Estado se hacen llamamientos a la objeción de conciencia en el cumplimiento de leyes aprobadas por el Parlamento y desde partidos con funciones de gobierno se apela a la rebeldía civil frente a un Ejecutivo legítimo, aduciendo que la nación española está en peligro. En un Estado democrático y no confesional, las leyes las hace el Parlamento y todos deben acatarlas. La apropiación partidaria de banderas e himnos nos retrotrae a épocas felizmente superadas y sólo puede ser causa de división. Convertir la propia idea de España en bandería es propio de dictaduras y de ideologías extremistas. En democracia no se puede pretender torcer la voluntad ciudadana ni con soflamas, ni con manifestaciones y menos con confusas actitudes “caudillistas”. Es el voto y solo el voto el que debe decidir quién es el llamado a gobernar.

VI.- Esta política de confrontación se ha inoculado en esenciales Instituciones del Estado que deberían ser inmunes a las batallas políticas. Nos referimos a Institutos tan trascendentales como el Tribunal Constitucional. A veces da la impresión de que se producen movimientos, decisiones o maniobras tendentes a alcanzar objetivos que de otra manera no se lograrían (Véase el funcionamiento, en algunos casos del Consejo General del Poder Judicial) y que van en detrimento del prestigio y de la confianza que los ciudadanos depositamos en ellos.

VII.- Una situación de esta naturaleza no debería, en nuestra opinión, conducir al Gobierno a una actitud de confrontación, pero sí a una exigencia de liderazgo y de capacidad de propuesta. Una parte no desdeñable de la ciudadanía está confusa y es obligación de los gobiernos poner remedio al desconcierto. No es bueno olvidar que cuando la manipulación o incluso la mentira encuentran eco en las personas, ello obedece, generalmente, a una insuficiencia de claridad y de capacidad de comunicación por parte de aquellos que administran la cosa pública.

VIII.- En los próximos meses los ciudadanos vamos a tener ocasión de acudir a las urnas para votar en las elecciones municipales y, en ciertos casos, en las autonómicas. Será, sin duda, una buena ocasión- como siempre que los ciudadanos votan- no sólo de dirimir quien debe dirigir los consistorios y los parlamentos autonómicos sino también de exigir a los partidos y candidatos que se ocupen de los problemas concretos de los vecinos. Somos conscientes de que esta crispación inducida ha podido tener un efecto de hartazgo en los ciudadanos que los inclinen hacia la abstención. Nada sería más negativo en estos momentos. Los extremismos encuentran su espacio cuando la ciudadanía se abstiene y en esta ocasión cualquier inhibición no beneficiaría los avances sociales sino que propiciaría los retrocesos.

IX.- Nos gustaría apelar al buen sentido que las personas de nuestro país han demostrado siempre desde la recuperación de la democracia: que no nos dejemos arrastrar a la confrontación en base a la manipulación interesada; que evitemos dividirnos ante cuestiones en las que debemos mantenernos unidos como la paz, la libertad y la lucha contra el terrorismo; que defendamos el Estado de derecho, sus Instituciones y los avances civiles y sociales frente a los que pretenden hacernos retroceder en el tiempo.

Firmantes:

Juan Miguel Hernández León (arquitecto)

Rafael del Águila (catedrático)

Angel Gabilondo (rector UAM)

Luis García Montero (escritor)

Almudena Grandes (escritora)

José Ignacio Montejo (abogado)

José Garrido Palacios (abogado)

Enrique del Olmo García (economista)

Fernando Schwartz (escritor)

Rosa Regás (escritora)

Jaime Sartorius (abogado)

Nicolás Sartorius (abogado)

Elsa López (escritora)
María José Moreno López (Ciudad de Mujeres)
María José Sánchez Hernández (Ciudad de Mujeres)
Susana Guzner (escritora)

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